El Covid-19 y las AFP

EL COVID-19 Y LAS AFP[1]

En el Perú, el presidente Martín Vizcarra recibe la masiva aprobación de la población por su gestión de la crisis del COVID-19, obteniendo un 87% de opiniones favorables, según una reciente encuesta. Sin duda, es un grado de popularidad envidiable.

Aparentemente, los partidos representados en el Congreso elegido el 26 enero, y posesionado hace poco más de 2 semanas, parecen estar decididos, en su gran mayoría, a recibir también aplausos de la tribuna, aunque ello signifique irrumpir y hacerse un lugar a empellones en la foto de los héroes del momento. Es lo que, en todo caso, se puede colegir de la adopción de una nueva ley que permite a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), retirar hasta el 25% de sus cuentas previsionales con un tope de 12,900 soles, para hacer frente a sus necesidades actuales ante la falta o la reducción de sus ingresos. Ello, sin mayor estudio previo y al margen de toda coordinación con el gobierno que es el que define las acciones económicas para hacer frente a la emergencia y que, antes bien, ha expresado en todos los tonos que esa medida le complicará la tarea; la ministra de economía María Antonieta Alva, ha explicado, en particular, que la posición crediticia del Perú podría verse afectada, justo cuando se dispone a solicitar préstamos para financiar la fase de recuperación.  

Lo que sucede es que, desde hace buen tiempo, hay un sentimiento bastante extendido de rechazo a las AFP, y que se ha agudizado en estas semanas ante la fuerte reducción en el valor de las cuentas de los afiliados, por la caída de las bolsas a nivel mundial.  La norma adoptada aparece entonces, más como una manera de satisfacer el deseo popular de que dichas entidades sean “castigadas” y “paguen” por los abusos que les son reprochados, que un medio para aliviar la situación de un grupo de personas; por lo menos, es lo que se puede deducir al analizarse las declaraciones de numerosos congresistas.

El gobierno intentó frenar el proyecto de ley, disponiendo, como solución alternativa, que los afiliados que no hubieran aportado durante un año o más, pudieran retirar 2,000 soles, extendiendo después esa posibilidad a los que no hubieran contribuido durante los últimos seis meses. Mejor aún, el presidente Vizcarra, en una de sus conferencias diarias, no dudó en emprenderla contra las AFP, diciendo que cobraban comisiones excesivas y prometiendo una reforma integral del sistema previsional.  Al margen de la falta de éxito de la tentativa de persuadir a los parlamentarios, las condiciones parecen estar dadas para que, efectivamente, se busque un cambio profundo, aunque no se sepa todavía en qué dirección.

En todo caso, se está en una situación bastante diferente de la que existe en Chile, no obstante que, allá también, el sistema de pensiones está bajo el fuego de las críticas. Ha habido una iniciativa de una AFP que ha ofrecido a sus afiliados el retiro del 5% de sus fondos para que puedan enfrentar las dificultades actuales. Hasta el momento de escribir estas líneas, no se ha sabido que el gesto haya sido imitado; tampoco que el gobierno de Sebastián Piñera o el Parlamento hayan adoptado alguna disposición en ese sentido u otro. Por cierto, a diferencia del Perú, donde el universo de aportantes al sistema es bastante pequeño por la alta informalidad de la economía, que es de alrededor del 70%, en Chile la gran mayoría de los trabajadores sí están integrados.

Se espera que el presidente Vizcarra observe la norma del Congreso, aunque tomándose su tiempo, pues lo haría el último de los 15 días de plazo de que dispone, y, luego, tras la probable insistencia y promulgación por el jefe del Legislativo, presente una acción de inconstitucionalidad. También es posible, sin embargo, que el mandatario busque abrir un espacio de negociación para llegar a una solución intermedia, evitando así un enfrentamiento mayor que pondría en cuestión el consenso existente en torno a su liderazgo en la lucha contra el COVID-19 y sus consecuencias.      

[1] Francisco Belaunde, abogado y profesor.

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